La Junta Arbitral en su resolución 6/2015, de 4 de mayo, afirma que en los casos de obligación real de contribuir en el marco del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la exigencia para aplicar la normativa foral de que todos los bienes o derechos se hallen situados o deban ejercitarse en el País Vasco, debe entenderse a los bienes adquiridos por el sucesor del causante (en las adquisiciones mortis causa) o por el donatario (en las adquisiciones inter vivos).

La cuestión había sido objeto de controversia en el seno de la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y dicha resolución es una de las primeras dictadas por la Junta Arbitral respecto de las 14 remitidas por dicha Comisión, tras su reunión de 16 de enero de 2014.

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El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de mayo pasado ha ratificado el criterio mantenido por la Junta Arbitral del Convenio Económico en su Resolución de 2 de julio de 2014, de considerar que la actividad de las distribuidoras en el sector eléctrico tiene como objeto característico, que le dota de contenido e identifica y lo distingue, el de la transmisión de energía eléctrica desde la red de transporte hasta los puntos de consumo, esto es, traslada la energía eléctrica de un lugar a otro, haciendo posible un suministro de calidad, lo que constituye genuinamente una actividad de transporte. La consecuencia inmediata es que el punto de conexión aplicable es el del domicilio fiscal dela entidad distribuidora.
Por otra parte, continúan las sentencias relativas a la recuperación de las ayudas de estado concedidas en forma de vacaciones fiscales y crédito fiscal para grandes inversiones, en las que se confirma la anulación de los actos de ejecución dictados y la retroacción de los procedimientos a efectos de conceder a los interesados el preceptivo trámite de audiencia.

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Papeles de Economía Española, editada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS), dedica su último número a la reforma de la financiación autonómica (análisis y propuestas), e incluye un artículo del catedrático de la UPV, D. Ignacio Zubiri Oria, en el que profundiza en las ventajas que el régimen de Concierto Económico ha supuesto a lo largo de la crisis económica.

En Forum Fiscal de mayo, Iñaki Alonso Arce comenta la evolución de la doctrina de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en relación con la interpretación del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2010, del «blindaje» de las normas forales, y la competencia de las haciendas forales para separarse de la normativa tributaria general fijada en la Ley General Tributaria y el carácter básico de ésta. José Luis Etxeberria Monasterio, glosa la figura del Diputado General, D. Jose Luis Bilbao Eguren, y describe su participación en momentos clave de la historia reciente del Concierto Económico, como han sido la cuestión prejudicial sobre la selectividad territorial de las Normas Forales y las iniciativas dirigidas a su blindaje. Por último, la revista incluye una entrevista al recientemente nombrado Presidente de la Junta Arbitral del Concierto Económico, D. Gabriel Casado Ollero.

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El número 21 de la revista Nationalism and Ethnic Politics, correspondiente al primer trimestre de 2015, dedica su contenido a profundizar en las dinámicas de los movimientos nacionalistas en Cataluña y Euskadi. Entre otros, incluye un artículo de Caroline Gray, de la Universidad de Liverpool, titulado «A Fiscal Path to Sovereignty? The Basque Economic Agreement and Nationalist Politics», en el que analiza dichas dinámicas desde el punto de vista de la diferente concepción que del Concierto Económico mantienen el País Vasco y los gobiernos del Estado.

Enlace al artículo

Tras la jubilación de D. Carlos Palau Taboada y el nombramiento del nuevo Presidente, D. Gabriel Casado Ollero, la Junta Arbitral del Concierto Económico ha reanudado su actividad dictando doctrina en relación con diversas cuestiones, entre las que cabe resaltar la aplicación de las reglas previstas de manera sucesiva para la determinación del domicilio de las personas físicas (resolución 2015/02) y la confirmación de criterios anteriores en relación con el de las personas jurídicas (resolución nº 2014/04 y resolución nº 2014/05).
En otro orden de cuestiones declara la inadmisibilidad, por un lado, de un conflicto sobre un tema sometido a pendencia judicial en el momento de su planteamiento (resolución nº 2014/12) y, por otro, del planteado con el objetivo de forzar a la administración competente a comprobar el volumen de operaciones de una entidad, con la consecuencia paradójica de que el propio planteamiento ha impedido dicha comprobación ante los efectos suspensivos propios del procedimiento arbitral (resolución 2014/05). Por último deniega la Junta Arbitral la legitimación de la administración concursal de una empresa para ser parte en el procedimiento, en el que únicamente pueden ser partes interesadas las administraciones en conflicto, sin perjuicio de la posibilidad de personarse como simple interesado de todo aquél que acredite un interés legítimo (resolución nº 2014/01).

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